Cese de administrador y prescripción del delito fiscal

Resumen

La sentencia del Tribunal Supremo 160/2026 estima el recurso de casación interpuesto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) frente a una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que había declarado extinguida la responsabilidad penal del acusado por prescripción del delito contra la Hacienda Pública del artículo 305.1 CP.

La sentencia recuerda dos cuestiones:

1. Que el momento consumativo del delito de defraudación de tributos como el IVA —de devengo instantáneo y declaración periódica inferior al año— se sitúa el último día del mes siguiente al cierre del año natural, es decir, el 31 de enero del ejercicio posterior, y no en el momento en que se presenta la autoliquidación trimestral fraudulenta.
2. Que el cese anticipado del administrador como responsable del ente obligado tributario antes de que transcurra ese periodo impositivo no evita que éste siga teniendo responsabilidad penal.

Antecedentes: Absolución por prescripción del delito de defraudación de IVA

El acusado, D. Ceferino, fue nombrado administrador único de la mercantil PROMOVICONSA SA en diciembre de 2010, cargo que ostentó hasta el 1 de diciembre de 2011, fecha en la que la empresa entró en concurso necesario. Siendo Ceferino administrador, la sociedad transmitió inmuebles incrementando el precio con el IVA correspondiente. La sociedad recibió un cheque bancario por este importe de IVA, que no fue ingresado en la Hacienda Pública.

El Juzgado de lo Penal núm. 6 de Sevilla condenó al acusado como autor de un delito contra la Hacienda Pública (art. 305.1 CP) a la pena de un año y seis meses de prisión, multa y pago de la responsabilidad civil solidaria por él y la empresa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Sevilla revocó la condena al estimar de oficio la prescripción del delito, lo que motivó el recurso de casación por el Abogado del Estado.

Argumentos del recurso: La Audiencia computó mal el inicio de la prescripción

La AEAT, representada por el Abogado del Estado —al que se adhirió el Ministerio Fiscal—, estructuró su único motivo de casación (art. 849.1 LECrim) en torno a tres líneas de impugnación:

• Determinación incorrecta del inicio del plazo de prescripción. La prescripción en el IVA se cuenta desde el día 31 de enero del año siguiente al cierre de la anualidad (Así lo tiene dicho la STS Pleno 586/2020, de 5 de noviembre)
• Improcedencia de un plazo prescriptivo subjetivo derivado del cese del administrador. El delito fiscal es único y tiene un único momento consumativo y el cese previo del administrador no puede funcionar como una suerte de prescripción anticipada.
• Uso indebido de la categoría de la regularización. Antes de la consumación del delito, lo que procede no es la regularización voluntaria del artículo 305.4 CP —que presupone el delito ya consumado— sino el desistimiento del artículo 16 CP, el cual el acusado podía ejercer en cualquier momento previo al 31 de enero mediante presentación de declaraciones complementarias o sustitutivas.

Conclusión del Tribunal Supremo: La Audiencia Provincial se equivocó

El Tribunal Supremo estima el recurso del Abogado del Estado y le da la razón, anulando la sentencia y ordenando a la Audiencia Provincial que dicte una nueva sentencia analizando el fondo de la cuestión al dejar sin efecto el pronunciamiento de prescripción.

El razonamiento del Tribunal Supremo se articula en torno a tres ideas centrales:

• Momento consumativo del delito fiscal en tributos de declaración periódica. Reiterando la doctrina de las SSTS 499/2016, 723/2021 y 298/2024, el Tribunal confirma que, tratándose del IVA, la cuota defraudada ha de referirse al año natural completo. El delito no queda consumado con la presentación de la autoliquidación trimestral fraudulenta, sino al agotarse el plazo de declaración del resumen anual: el 31 de enero del ejercicio siguiente. Hasta ese momento no puede hablarse de lesión definitiva del bien jurídico protegido ni de delito perfeccionado.
• Rechazo de la prescripción subjetiva por cese anticipado. El Supremo rechaza que el artículo 31 CP permita decantar dos plazos prescriptivos distintos según la posición del sujeto activo. Una cosa es que el cese previo a la consumación pueda tener relevancia en el análisis de la autoría y la imputación objetiva; otra muy distinta es que genere un dies a quo prescriptivo anterior al momento en que el delito se consuma.
• El cese no convierte al administrador en extraneus ni extingue automáticamente su responsabilidad. La Sala advierte del riesgo de abrir una "puerta de atrás fraudulenta" si se aceptase que bastaría cesar como administrador antes del cierre del periodo impositivo para eludir las consecuencias penales. El análisis correcto exige evaluar normativamente si el administrador cesado introdujo el riesgo jurídicamente desaprobado y si pudo, antes de la consumación, evitar o mitigar el resultado mediante conductas propias del desistimiento activo del artículo 16 CP. Ese análisis, concluye el Supremo, no fue realizado por la Audiencia.

Trascendencia jurídica de la sentencia: Exigencia de análisis individualizado de la conducta del administrador

Esta resolución es interesante por varias cuestiones:

1. Confirmación del inicio del cómputo del plazo de prescripción en tributos periódicos. La sentencia mantiene una línea jurisprudencial que ya viene de tiempo atrás: en el IVA y demás tributos con periodo de liquidación inferior al año, el plazo de prescripción no empieza a correr desde que se presenta la declaración periódica fraudulenta, sino desde que vence el plazo para el resumen anual (31 de enero).
2. Responsabilidad del administrador. La imputación al administrador no modifica el momento consumativo del delito ni fragmenta los plazos prescriptivos. Ello exige un análisis individualizado de la aportación del administrador cesado al hecho, incluyendo la valoración de si pudo desistir activamente conforme al artículo 16 CP antes de la consumación.
3. Distinción entre regularización y desistimiento. La regularización tributaria del artículo 305.4 CP presupone lógicamente un delito ya consumado; las actuaciones subsanatorias anteriores a la consumación deben reconducirse al desistimiento del artículo 16 CP.
4. Garantía de la doble instancia incluso en casación estimatoria. Llama la atención la solución adoptada por el Tribunal Supremo porque estima el recurso pero en lugar de restaurar la condena de instancia acuerda la nulidad para que la Audiencia Provincial analice el fondo del recurso de apelación permitiendo al al acusado obtener una respuesta motivada a sus alegaciones en apelación.

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Sobre el abogado penalista David Macias

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