¿Es válida como prueba la declaración del acusado en juicio si se declara nulo el registro domiciliario?

Resumen

La Sentencia del Tribunal Supremo 488/2026 absuelve a un condenado por dos delitos contra la salud pública al que la Audiencia Provincial de Madrid había impuesto ocho años de prisión.

Lo llamativo del caso es que la entrada y registro que permitió hallar la droga había sido declarada nula por vulnerar la inviolabilidad domiciliaria (art. 18.2 CE), pero la condena se había sostenido en la declaración que el propio acusado prestó en el juicio.

El Tribunal Supremo concluye (con un voto particular que discrepa del razonamiento) que esa declaración puede valorarse como fuente probatoria autónoma, pero que, por su carácter genérico y fragmentario, es insuficiente para enervar la presunción de inocencia y acaba absolviendo.

Antecedentes: Condena por delito contra la salud pública

La Audiencia Provincial de Madrid condenó al acusado como autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño (cocaína) y otro de sustancias que no lo causan (cannabis), ambos en cantidad de notoria importancia, a ocho años de prisión y multa de 387.898,77 euros. El TSJ de Madrid desestimó la apelación y confirmó la condena.

El propio tribunal de instancia había declarado ilícita la entrada y registro por vulneración del art. 18.2 CE, subrayando la gravedad de la actuación policial. Según recoge la resolución, los agentes afirmaron en el juicio que la puerta estaba abierta y que pudieron observar la marihuana, con lo que no pretendían «otra cosa que intentar dar cobertura a la ilegal apertura de la vivienda con llaves incautadas al acusado que se encontraba ya detenido en los bajos del inmueble».

Pese a expulsar el registro del acervo probatorio, la condena se mantuvo sobre la base de lo declarado por el acusado en el plenario.

Argumentos del recurso: Vulneración de la presunción de inocencia por condena basada en prueba ilícita.

El recurso de casación se basaba en la vulneración de la presunción de inocencia por inexistencia de prueba de cargo válida desvinculada de la diligencia nula.

El recurrente sostuvo que existía conexión de antijuridicidad entre la prueba ilícita y sus manifestaciones en el juicio ya que declaró a preguntas de su abogada con el único objetivo de acreditar la falsedad de la versión policial (que cerraba la puerta de la vivienda), no como confesión en sentido técnico-jurídico, sino como ejercicio del derecho de defensa que no puede convalidar una prueba declarada nula.

Conclusión del Tribunal Supremo: La declaración es prueba válida, pero insuficiente para condenar

La Sala aborda la cuestión de fondo en dos planos muy interesantes:

1. ¿Cabe desconectar la declaración de la fuente nula? Recordando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la conexión de antijuridicidad y su análisis desde una perspectiva interna y otra externa (SSTC 81/98, 49/99, 8/2000, 128/2011), y las condiciones que la propia Sala fijó en las SSTS 125/2010 y 91/2011 para el aprovechamiento excepcional de declaraciones precedidas de fuentes nulas, la mayoría responde afirmativamente. Considera que la declaración goza de autonomía suficiente porque se prestó en el juicio oral, ante el tribunal sentenciador, con asistencia letrada, previa información del derecho a no declarar, cuando la nulidad ya se había planteado como cuestión previa, y a preguntas de la propia defensa dentro de una estrategia dirigida a demostrar que la puerta estaba cerrada. No hubo, por tanto, explotación sorpresiva del resultado del registro porque "la prueba que se valora no es el resultado del registro, sino la manifestación personal del acusado"
2. ¿Basta esa declaración para condenar? La Sala exige que la confesión sea completa, con admisión de la responsabilidad penal o, al menos, de todos los hechos necesarios para la calificación, sin uso fragmentario. Y ese estándar no se cumple porque el acusado se limitó a reconocer, en términos genéricos, que «tenía dinero y droga en la vivienda», añadiendo que «la sala donde está la marihuana hay dos puertas antes de ella». No admitió la cocaína, ni las cantidades, ni el destino al tráfico. El art. 368 CP no sanciona la mera presencia de una sustancia estupefaciente en un domicilio; integrar el tipo exigiría acudir a la naturaleza, cantidad, pureza o valoración de la droga, "pero todos esos datos proceden de la diligencia declarada nula". En consecuencia, la prueba válida no acredita más allá de toda duda razonable los elementos del tipo, y procede la absolución.

Trascendencia jurídica de la sentencia: El voto particular

La mayoría de miembros de la Sala sostiene que la declaración del acusado en el plenario, rodeada de garantías y prestada a iniciativa de su propia defensa, puede erigirse en fuente probatoria autónoma aunque venga precedida de una diligencia radicalmente nula. El límite lo pone la exigencia de una confesión completa por lo que la referencia genérica a «droga y dinero» no integra el tipo del art. 368 CP y no puede completarse con los datos materiales expulsados del proceso.

El voto particular considera que al declarar valorable esa manifestación (aunque en este caso resultara insuficiente), se relajan las condiciones estrictas y excepcionales que la propia jurisprudencia exige, y se corre el riesgo de perpetuar los efectos de la vulneración del derecho fundamental. La discrepancia está en si el tribunal debe informar previamente al acusado de que reconocer los hechos puede convalidar evidencias obtenidas ilícitamente.

El voto particular considera que la decisión mayoritaria debilita la regla de exclusión del art. 11 LOPJ porque faltó una «información cualificada» del tribunal sobre el efecto convalidante que reconocer los hechos podría tener sobre las evidencias cuya nulidad se pretendía. Con apoyo en la STEDH (Gran Sala) Gäfgen c. Alemania y en la doctrina estadounidense del attenuated connection (Brown v. Illinois, Missouri v. Seibert), sostienen que, a mayor gravedad e intencionalidad de la vulneración, menor posibilidad de saneamiento. Si la defensa hubiera preguntado si la policía se dirigió «directamente al armario donde se encontraban los dos kilos de cocaína» y el acusado lo hubiera confirmado, el razonamiento mayoritario permitiría fundar la condena en esa respuesta. Para ellos, la absolución procedía, pero por porque la manifestación del recurrente ni siquiera debió considerarse válida ni valorable.

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Sobre el abogado penalista David Macias

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